Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

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Corría el año 1977 en España, en un momento complicado en todos los aspectos (social, político, económico…) y el por aquel entonces ministro de economía Enrique Fuentes Quintana, nombrado por el gobierno de Adolfo Suarez se dirigía a la nación para hablar de la situación.

Han pasado más de 30 años pero, escuchando sus palabras, parece que todavía sigamos allí. Todo un discurso y una lección de ética que, lamentablemente pocos escucharon entonces y pocos escucharán ahora con la atención que se merece. Y así va el mundo.

En principio sólo serán necesarias dos cosas: ser cliente de telefónica y (lo más importante) tener un alto consumo de voz y datos.

De este modo, todo el que desee tener un iPhone deberá suscribir un contrato por el que se compromete a estar dos años en Movistar. Además, tendrá que tener un consumo mínimo tanto de llamadas como de datos (conexión a Internet), que puede alcanzar los 115 euros mensuales. A menor compromiso de consumo, mayor precio del terminal. También habrá limitación en las descargas de datos.

A priori se diría que es una buena noticia, pero me parece exagerado estar atado 2 años sólo por tener un modelo de teléfono, además de que si echamos cuentas, para que el iPhone salga «gratis» hemos de estar 24 meses con un consumo de 115€, lo que hace un total de 2760 € que habrá ingresado Telefónica.

Claro que para la empresa la visión es otra: «queremos que el iPhone deje de ser un objeto de lujo y quien quiera tenerlo sólo tenga que acudir al mostrador y hacerse cliente».

Sí, hacerse cliente y tener la capacidad de gastar casi 3000€ en llamadas durante dos años. Alguien así ¿para qué quiere que le regalen un maldito iPhone? Seguro que puede comprárselo sin ningún problema.

En fin, será cosa del marketing, pero a mi me da la impresión de que esto es engañar a al gente. Lo digan como lo digan hay dos cosas que están muy claras:

  • El iPhone es caro
  • Telefónica no regala nada

Y el resto, es pura fantasía

Más info: El iPhone, una ganga con letra pequeña